La postulación presidencial de Rixi Moncada, bajo la bandera del partido LIBRE, ha ocasionado un debate en todo el país luego de declarar que, si llega a ser elegida, suprimirá la Central de Información Crediticia desde el 27 de enero de 2026. Esta acción significaría que millones de hondureños serían retirados del sistema crediticio, lo que facilitaría la obtención de préstamos sin los métodos de control habituales.
La Central de Riesgo como herramienta técnica
Los expertos en finanzas destacan que la Central de Riesgo desempeña una función técnica esencial dentro del sistema financiero nacional. Más que ser una «lista negra», actúa como un instrumento para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito, proteger los ahorros de los ciudadanos y garantizar que las instituciones bancarias concedan préstamos de manera responsable.
José Luis Moncada, quien fue presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, alertó sobre que suprimir la central conllevaría una liberalización excesiva del crédito. De acuerdo con Moncada, esta medida podría aumentar los niveles de morosidad y comprometer la estabilidad del sistema financiero, poniendo en peligro los fondos de los ciudadanos.
Asimismo, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) indicó que eliminar la Central de Riesgo podría afectar la creación de empleos, obstaculizar el crecimiento económico y disminuir la confianza de los inversores, creando un ambiente de incertidumbre para el sector financiero.
Impacto político y social
Además del estudio técnico, los especialistas han indicado que la propuesta de Rixi Moncada posee aspectos políticos que podrían afectar la economía. La propuesta de eliminar la Central de Información Crediticia podría verse como un esfuerzo por politizar un sistema que usualmente se ha gestionado de forma técnica y regulada, según señalan los expertos.
La preocupación sobre la seguridad de los ahorros de los ciudadanos en Honduras y la estabilidad del crédito surge ante la posibilidad de que el sistema financiero se utilice con objetivos políticos. Los expertos subrayan que medidas de esta índole pueden impactar a muchas familias, restringiendo su acceso al financiamiento y alterando las condiciones económicas del país.
Un escenario de incertidumbre
La propuesta de Rixi Moncada, aspirante del partido LIBRE, sugiere un entorno de tensión tanto institucional como económica en Honduras. El debate se enfoca en la manera de armonizar el acceso al crédito mientras se mantiene la estabilidad del sistema financiero y se asegura la protección de los recursos de los ciudadanos.
Frente a esta situación, la población y los sectores económicos se cuestionan sobre la habilidad del país para manejar transformaciones significativas en sus sistemas financieros, sin poner en riesgo la confianza de los inversionistas ni la estabilidad económica de las familias.
La coyuntura evidencia la intersección entre decisiones políticas y regulación económica, subrayando los retos de gobernabilidad e institucionalidad en un contexto donde las propuestas de los actores políticos generan repercusiones directas sobre la vida financiera de la población.
